08 Oct

La universidad pública argentina ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, económico y cultural del país. Desde su creación, ha funcionado como motor de ascenso social, brindando acceso a la educación superior a amplios sectores de la sociedad, sin importar su condición económica. Sin embargo, hoy atraviesa una crisis que pone en peligro su sostenibilidad, amenazando no solo su rol como herramienta de igualdad, sino también el futuro de la Nación.

El sistema universitario público argentino, integrado por 57 universidades nacionales que forman a más de dos millones de estudiantes, enfrenta un panorama preocupante. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el último año se ha registrado una pérdida del poder adquisitivo del 55% en términos salariales y presupuestarios, lo que afecta tanto a docentes como a trabajadores no docentes, como a las becas para estudiantes y partidas para investigación. Este recorte en términos reales no solo repercute en los salarios, sino también en la infraestructura, el acceso a materiales y recursos necesarios para garantizar una educación de calidad.

La universidad pública no solo es el lugar donde se forman futuros profesionales, sino también el espacio donde la investigación científica, la extensión universitaria y la vinculación con la comunidad cobran vida. Sin un financiamiento adecuado, toda esta estructura corre el riesgo de colapsar. No podemos ignorar el impacto que esto tiene en el tejido social del país: la educación pública es el principal vehículo de ascenso social, y sin ella, millones de jóvenes verán truncadas sus posibilidades de progreso.

Además, es esencial destacar el trabajo incansable de los trabajadores Nodocentes, quienes con su esfuerzo diario sostienen el funcionamiento de estas instituciones en todo el territorio nacional. Desde la administración, el mantenimiento de los edificios, la gestión de bibliotecas, laboratorios y el apoyo logístico en todas las actividades académicas, su labor es fundamental para que las universidades puedan seguir en pie. Sin ellos, la universidad, como espacio físico y simbólico, no sería posible. En este sentido, es vital que sus salarios y condiciones laborales sean dignificados y valorados, ya que son actores esenciales en la comunidad universitaria.

Este conflicto no es simplemente un debate sobre números o partidas presupuestarias. Es una discusión sobre el futuro de un modelo de país. La universidad pública es parte del proyecto de una comunidad organizada, donde la educación, el conocimiento y la cultura son herramientas de transformación y crecimiento para todos. Defendemos la universidad pública no solo por lo que representa hoy, sino por lo que significa para las generaciones futuras. Un país que desfinancia su educación es un país que renuncia a su futuro.

Es urgente que el Estado y la sociedad en su conjunto comprendan la magnitud del problema y actúen en consecuencia. No solo se trata de evitar el desmantelamiento de las instituciones educativas, sino de preservar la posibilidad de construir una nación inclusiva, equitativa y desarrollada, donde todos tengan la oportunidad de progresar. Decir "sí" al financiamiento universitario es decir "sí" al futuro de la Argentina.

Marchamos unidos y organizados en defensa de la educación pública, de calidad y cogobernada.

Si a la Ley de financiamiento Universitario, Si al futuro de la ciencia y el conocimiento al servicio de la producción, el trabajo y la industria de la Argentina.

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